Pronunciamiento institucional ante el avance legislativo en relación con las denominadas “falsas denuncias”
El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito XI manifiesta su profunda preocupación ante el avance del proyecto de ley que propone el aumento de las penas por las denominadas “falsas denuncias” en materia de violencia de género y delitos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como frente al incremento de denuncias dirigidas contra profesionales que se desempeñan como peritos en el ámbito judicial.
El proyecto —que ya obtuvo dictamen de comisión— prevé penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión efectiva para quienes denuncien hechos que posteriormente no logren ser probados en sede penal. Esta iniciativa resulta alarmante en tanto desconoce las particularidades de los delitos de violencia de género y abuso sexual —caracterizados por la complejidad de sus dinámicas, la asimetría de poder y las dificultades probatorias—, al tiempo que constituye un retroceso en materia de derechos y profundiza los obstáculos ya existentes en el acceso a la justicia.
La falta de prueba suficiente —frecuente en este tipo de delitos— no puede ser interpretada, de ningún modo, como falsedad de la denuncia. Hacerlo genera un efecto disuasorio, refuerza estereotipos y silencia a las víctimas, lo que constituye un enorme retroceso en las políticas de protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Agravamiento de penas para profesionales
El proyecto de ley propone el agravamiento de penas para profesionales intervinientes —incluyendo peritos—, con sanciones que podrían alcanzar hasta ocho años de prisión efectiva. Esto constituye un mecanismo de presión y disciplinamiento sobre quienes, desde distintos ámbitos institucionales, acompañan, evalúan e intervienen en situaciones de violencia.
En el último tiempo se ha registrado un incremento significativo de denuncias contra peritos y profesionales de la salud mental que desarrollan su labor en el ámbito judicial y en efectores territoriales. Esas acciones se inscriben en un fenómeno más amplio de reacción regresiva frente a los avances en materia de derechos, conocido como backlash, que se expresa en estrategias de desacreditación de las víctimas, obstaculización de investigaciones y persecución de profesionales que trabajan con perspectiva de género y con niños, niñas y adolescentes.
Las prácticas periciales requieren una formación específica, una escucha clínica sensible y la construcción de espacios de confianza que alojen experiencias traumáticas. Los informes producidos se sustentan en criterios técnicos, éticos y normativos reconocidos, y son herramientas fundamentales para la toma de decisiones judiciales orientadas a la protección de derechos. Desconocer la validez o someter a sospecha esos abordajes sin fundamento no solo debilita el servicio de justicia, sino que también expone a las víctimas a situaciones de mayor vulnerabilidad, revictimización e impunidad.
Este Colegio rechaza cualquier maniobra o intento de perseguir a psicólogas y psicólogos que se desempeñan como peritos de manera ética y profesional, al tiempo que reclama al Estado y a los organismos competentes que garanticen las condiciones adecuadas para el ejercicio profesional y el resguardo de quienes intervienen en la protección de los derechos de poblaciones vulneradas.